Ley Malvinas: el Gobierno ofrece una bicameral pero resiste partir el proyecto

El debate por la llamada Ley Malvinas entró en una etapa decisiva en Diputados: el Gobierno aceptó analizar la creación de una comisión bicameral de seguimiento, pero rechazó dividir el proyecto, como reclama una parte de la oposición. La discusión se concentró en el alcance del Consejo de Seguridad Nacional, el régimen de sanciones por actividades no autorizadas en el Atlántico Sur y el control parlamentario sobre una política que el oficialismo presenta como una herramienta de soberanía.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, defendió el texto ante un plenario de comisiones atravesado por cruces políticos y pedidos de mayor precisión. El oficialismo sostiene que el capítulo referido a Malvinas no puede separarse del resto de la arquitectura institucional que propone la iniciativa. Del otro lado, bloques opositores y dialoguistas advierten que mezclar sanciones, defensa, seguridad e inteligencia en un mismo expediente puede abrir zonas de discrecionalidad que deberían tratarse por separado.

El punto más sensible es el nuevo Consejo de Seguridad Nacional. Según el planteo oficial, ese ámbito permitiría coordinar respuestas frente a amenazas externas, con foco en los recursos hidrocarburíferos y pesqueros del Atlántico Sur. Para sectores de la oposición, la discusión no es si la Argentina debe fortalecer el reclamo soberano, sino qué controles tendrá el Poder Ejecutivo cuando invoque razones de seguridad nacional.

El contexto explica la urgencia política. En las últimas semanas volvió al centro de la agenda el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado en el área de Malvinas por empresas extranjeras con licencias otorgadas por las autoridades isleñas. El Gobierno usa ese caso como argumento para endurecer sanciones y desalentar operaciones consideradas ilegítimas por la Argentina. También busca mostrar iniciativa en un tema de alto consenso social, aunque el recorrido parlamentario expuso desconfianza sobre el diseño de la norma.

El antecedente directo es la ley 26.659, aprobada en 2011, que estableció restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. La Casa Rosada afirma que esa herramienta quedó corta frente a nuevas operaciones y que necesita un esquema más amplio. La oposición, en cambio, pide evitar que una actualización sobre Malvinas funcione como puerta de entrada para cambios más profundos en defensa y seguridad.

El oficialismo apunta a retomar el plenario el 13 de octubre, dictaminar durante esa semana y llevar el proyecto al recinto hacia el 21. Hasta entonces, la negociación girará alrededor de una pregunta concreta: si la bicameral ofrecida alcanza para ordenar los controles o si el Congreso exigirá partir el texto antes de habilitar una ley que puede marcar la política argentina sobre Malvinas en los próximos años.